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| El eurodiputado de IU, Willy Meyer, visita a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres |
El Ejecutivo destaca en una respuesta por escrito al
portavoz parlamentario de IU que el ejercicio de ese asilo diplomático a
quien “lesiona la soberanía” es al “Estado en cuya representación
diplomática se pretende refugiar”
El Gobierno asegura de forma tajante que “España no reconoce el asilo diplomático como un derecho. Por el contrario, España estima que la pretensión de ejercerlo lesiona la soberanía del Estado en cuya representación diplomática se pretende refugiar”.
Esta es la respuesta parlamentaria escrita que el Ejecutivo del Partido Popular ha hecho llegar ahora al portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Luis Centella. Éste se interesó a finales del pasado mes de agosto sobre los efectos colaterales que para nuestro país puede tener la acción emprendida por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, de refugiarse en la legación diplomática de Ecuador en Londres para evitar una extradición a Suecia que podía derivar en su entrega final a EE.UU.
Además de rechazar la figura del ‘asilo diplomático’, el Ejecutivo español realiza una clara defensa de la actuación que está teniendo en relación a Assange su homólogo británico. Así, señala en su contestación a Centella que “el Reino Unido no ha hecho más que aplicar el derecho internacional general en la materia, además de existir una obligación de extraditarle a Suecia desde el mismo momento en que salga de la embajada de Ecuador en Londres”.
Para reforzar su opinión, Moncloa decide incluir en su respuesta una introducción teórica e histórica sobre conceptos diplomáticos e indica que “el Gobierno manifiesta que es necesario señalar que el ‘asilo diplomático’, que se le ha otorgado al fundador de Wikileaks, puede definirse como la protección otorgada por el Estado a una persona que es objeto de persecución política o ideológica y que se refugia en los locales de la misión diplomática acreditada en otro Estado”.
“Se trata –prosigue la explicación teórica, que ocupa más espacio que la parte referida a la respuesta política- de una institución de derecho internacional iberoamericano que ha sido codificada en varios instrumentos convencionales, siendo el más importante la Convención de Caracas de 28 de marzo de 1954. Existe, además, una costumbre regional en dicha zona”.
Por todo lo anterior, el Gobierno le resume a José Luis Centella su rechazo a apoyar este tipo de actuaciones y asegura que “al no tratarse de una institución de derecho internacional general, su ámbito de acción queda circunscrito a Iberoamérica”.
El Gobierno asegura de forma tajante que “España no reconoce el asilo diplomático como un derecho. Por el contrario, España estima que la pretensión de ejercerlo lesiona la soberanía del Estado en cuya representación diplomática se pretende refugiar”.
Esta es la respuesta parlamentaria escrita que el Ejecutivo del Partido Popular ha hecho llegar ahora al portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Luis Centella. Éste se interesó a finales del pasado mes de agosto sobre los efectos colaterales que para nuestro país puede tener la acción emprendida por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, de refugiarse en la legación diplomática de Ecuador en Londres para evitar una extradición a Suecia que podía derivar en su entrega final a EE.UU.
Además de rechazar la figura del ‘asilo diplomático’, el Ejecutivo español realiza una clara defensa de la actuación que está teniendo en relación a Assange su homólogo británico. Así, señala en su contestación a Centella que “el Reino Unido no ha hecho más que aplicar el derecho internacional general en la materia, además de existir una obligación de extraditarle a Suecia desde el mismo momento en que salga de la embajada de Ecuador en Londres”.
Para reforzar su opinión, Moncloa decide incluir en su respuesta una introducción teórica e histórica sobre conceptos diplomáticos e indica que “el Gobierno manifiesta que es necesario señalar que el ‘asilo diplomático’, que se le ha otorgado al fundador de Wikileaks, puede definirse como la protección otorgada por el Estado a una persona que es objeto de persecución política o ideológica y que se refugia en los locales de la misión diplomática acreditada en otro Estado”.
“Se trata –prosigue la explicación teórica, que ocupa más espacio que la parte referida a la respuesta política- de una institución de derecho internacional iberoamericano que ha sido codificada en varios instrumentos convencionales, siendo el más importante la Convención de Caracas de 28 de marzo de 1954. Existe, además, una costumbre regional en dicha zona”.
Por todo lo anterior, el Gobierno le resume a José Luis Centella su rechazo a apoyar este tipo de actuaciones y asegura que “al no tratarse de una institución de derecho internacional general, su ámbito de acción queda circunscrito a Iberoamérica”.
Fuente IZQUIERDAUNIDA
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