Por Antonio Romero, Alberto Garzón y Nico Sguiglia
A pesar del esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras
españoles que lucharon por institucionalizar sus conquistas sociales, a
día de hoy nuestra Constitución es papel mojado. El “consenso del 78” ha
sido roto al haberse lanzado un contraproceso constituyente, puesto en
marcha por el neoliberalismo y las oligarquías financieras, que tiene
como objetivo acabar con el Estado del bienestar que se comenzó a
construir en Europa tras la II Guerra Mundial.
Las elites capitalistas no pretenden devolver los derechos sociales y
económicos que hoy niegan a los trabajadores, sino que por el contrario
aprovechan la crisis para arrebatar los recursos económicos y
financieros a la gran mayoría mientras los concentran en pocas manos.
Sin duda esta crisis está siendo utilizada para vaciar los ordenamientos
constitucionales de los países de la Unión Europea así como para cerrar
y consolidar un nuevo modelo de sociedad basada en la explotación sin
contrapartidas y en la rivalidad entre los pobres, los pueblos y los
subalternos. Con ello el capitalismo condena a toda una generación a la
constante incertidumbre laboral y vital y abre el campo de juego de las
opciones totalitarias.
Las soluciones a esta situación han de ser extraordinarias y ambiciosas, por lo que creemos que es necesario impulsar un Nuevo Proceso Constituyente para
un nuevo proyecto de país, que supere este régimen cuya representación
es una monarquía heredada del franquismo y opaca en la gestión económica
y patrimonial, con casos de corrupción en su seno. Entendemos que el
nuevo estado ha de construirse sobre bases federales y solidarias,
dotándonos de esta forma de mecanismos para estar en una Europa federal
de los pueblos que ponga solución a la creciente incompatibilidad entre
democracia y Estados-nación, en un mundo de trabajadores
multinacionales, de migrantes y redes de cooperación y comunicación
transnacionales. La esfera de los asuntos comunes y sus leyes
fundamentales tienen que adaptarse a esa nueva condición, so pena de
ceder el protagonismo y la dirección de la “crisis de la UE” a las
nuevas formas de la “revolución conservadora”.
Cabe recordar que siete de cada diez personas que hoy tienen derecho a
voto en España no pudieron votar la Constitución de 1978 y mucho menos
participar en su elaboración. Sin embargo, las demandas sociales exigen
una nueva relación entre representantes y representados, con una mayor
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. No es una
cuestión técnica sino política pues las nuevas tecnologías permiten
imaginar mecanismos de participación social y de control ciudadano de la
actividad política que signifiquen una profundización democrática.
Los abajo firmantes identificamos algunos elementos fundamentales de lo que debería ser el nuevo orden constitucional.
1. En primer lugar, la preservación, cuidado y promoción de los bienes comunes naturales tiene que tener un papel protagónico en un nuevo marco constitucional.
2. En segundo lugar, el sistema político ha de ser democratizado.
Efectivamente, el poder ejecutivo ha sufrido un proceso de cierre
autoritario por dentro; el poder legislativo ha sido vaciado de sus
funciones democráticas y de representación a través de un bipartidismo
marcado por la injusta ley electoral; y el poder judicial se ha mostrado
como absolutamente dependiente de los intereses de los dos principales
partidos. Del mismo modo resulta indispensable una ampliación y
dinamización de los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos
públicos, introduciendo reformas en el marco de las ILPs, referéndums,
consultas populares vinculantes sobre decisiones fundamentales,
potenciación de los espacios ciudadanos deliberativos y avanzando hacia
sistemas de voto delegado y participación directa siguiendo los modelos
de las llamadas democracias en red.
3. En tercer lugar, las relaciones laborales deben ser repensadas de
acuerdo con las características del nefasto modelo productivo español.
La nueva carta constitucional debe tener presente la necesidad ante todo
de proteger y garantizar la reproducción de la vida de nuestras
sociedades, garantizando el acceso al trabajo digno, a una renta básica
de ciudadanía, a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda y a
una Internet libre y neutral como derechos fundamentales y
absolutamente prioritarios. La puesta en marcha de un nuevo modelo
productivo capaz de activar las capacidades productivas de nuestra
sociedad y de generar empleo en condiciones de dignidad es absolutamente
prioritario. Sin embargo, no puede quedar subordinado el derecho y las
garantías de una vida digna a la posesión de una relación laboral
formal, cuando las elites financieras y gobiernos afines convierten el
paro y las relaciones laborales precarias e informales en una tumba de
la dignidad humana.
4. En cuarto lugar, es necesario pensar una reorganización y democratización de las instituciones del Estado y de la Administración.
El Estado social se ha legitimado históricamente por su organización de
sistemas públicos de bienestar, por su papel económico, financiero,
fiscal, territorial y de seguridad. No se trata de acabar con el Estado o
de multiplicarlo sin descanso, sino de un Estado adecuado a las
capacidades democráticas y de cooperación de los ciudadanos, capaz de
autolimitarse y ser lo más poroso posible a las formas de cogestión de
sus competencias con instituciones ciudadanas democráticas no estatales,
buscando fórmulas que impliquen una mayor eficiencia y el
establecimiento de mecanismos que eviten la íntima conexión que existe
entre el poder público y el poder económico de las oligarquías españolas
y europeas.
5. En quinto lugar, es necesario poner coto al poder no democrático;
es decir, ha de lograrse que el poder económico esté subordinado a la
democracia y sus leyes. Los recursos de una sociedad han de ser
gestionados por ésta, a través de mecanismos democráticos, y no por las
oligarquías económicas. Mientras las decisiones que afectan a nuestras
vidas las tomen entidades no sujetas a control comunitario, tales como
las grandes empresas financieras, no podremos hablar de democracia.
El proceso constituyente del que hablamos, y que deberá proponer a
los ciudadanos una nueva constitución, tendrá que ceder el protagonismo a
los mismos en la redacción de la carta fundamental, inspirándose en las
recientes experiencias latinoamericanas, pero también en la formidable
iniciativa de los ciudadanos islandeses.
Consideramos indispensable la creación de instancias de colaboración y
cooperación entre aquellos espacios organizativos (políticos,
sindicales y sociales) que están señalando de forma clara la necesidad y
el deseo de un Nuevo Proceso Constituyente para un nuevo proyecto de
país, diseñando juntos una nueva y real democracia. Hacemos un
llamamiento a las millones de personas que en nuestro país luchan por
una vida digna para todos a que avancemos juntos en la construcción de
una constitución de lo común a través de asambleas constituyentes en las que la ciudadanía decida su futuro de forma radicalmente democrática.
Tenemos en nuestras manos la posibilidad de superar, con alegría y
organización, este régimen corrupto y antidemocrático y abrir un tiempo
nuevo de justicia e igualdad. Vamos a ello.
Fuente PIJUS ECONOMICUS
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