RESOLUCIÓN POLÍTICA CONFERENCIA PCE 23 DE JUNIO

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
Comité Federal
C/ Olimpo 35, 28043 Madrid
Tel. 91 300 49 69 Fax. 91 300 47 44
www.pce.es / comitefederal@pce.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESOLUCIÓN POLÍTICA DE LA CONFERENCIA

 

 Rescatar a las personas y a los servicios públicos, no a los bancos

Asistimos a un momento de crisis estructural cuyo resultado no está escrito. Se trata de un
momento de gran fluidez y alto riesgo debido a la manera caótica de desenvolverse la crisis:

 

     • La economía mundial está estancada, no sólo eurozona sino también USA y ahora
     China …

     • Existen cada vez más guerras y conflictos por el control de recursos estratégicos como
     forma desesperada del imperialismo de hacer frente a los problemas de la crisis

     • Las instituciones internacionales se han convertido en vehículos de propagación de
     esas políticas imperialistas en lo económico, con el FMI y la OMC, y en lo político con el
     papel de la ONU

     • La UE está acosada por las contradicciones de su propio modelo (que venimos
     denunciando desde 1992 e incluso antes) y, lejos de desempeñar un papel de
     equilibrio internacional se ha convertido en un exportador de problemas al resto del
     mundo a través de la globalización financiera

     • En España, la crisis se lleva por delante avances y conquistas sociales y los
     fundamentos del modelo de acumulación capitalista del régimen de la transición

 

Esta inestabilidad crea la posibilidad de una intensa transformación de las relaciones sociales
por el agotamiento del modo en que el capitalismo se reorganizó tras la llamada revolución
neoliberal.

 

Socialismo o neofeudalismo y barbarie. La única salida aceptable pasa por un avance en la
socialización y democratización de las relaciones de producción a nivel mundial. El ejemplo
latinoamericano, con todas sus contradicciones, señala en la dirección adecuada: una
reorientación de la economía al servicio de las necesidades humanas, la cooperación e
integración regional como alternativa al imperialismo y una democratización de las estructuras
políticas que aumente la influencia de las grandes mayorías oprimidas y explotadas.

 

En nuestro caso tenemos que tener presente:

 

     • El agotamiento del régimen socio‐económico heredado de la transición. Los poderes
     económicos españoles pudieron sortear las dificultades y acomodarse con éxito
     temporal a la evolución de la crisis capitalista de los 70 con el señuelo de la
     integración en “Europa”. Fueron capaces de generar consensos sociales en torno a la
     distribución de los “beneficios” derivados de la incorporación a la UE, primero la
     masiva inversión tanto directa como a través de los fondos europeos, luego con el
     impacto de los préstamos baratos que financiaron la burbuja inmobiliaria. Todo ello
     ocultó la destrucción del tejido productivo y, más aún, de la sociedad del trabajo
     preexistente, con el paro estructural y la precariedad sistemática como herramientas
     de disciplina para la clase trabajadora. Agotada esta fase, la crisis se revela en toda su
     magnitud con el paro y la veloz destrucción de las conquistas sociales, asociadas en el
     imaginario popular al “modelo social europeo”. Pero, lo que es igualmente relevante,
     se manifiesta la inviabilidad a futuro de la base económica en la que asienta su poder
     la burguesía española: el sector financiero, la construcción y obras públicas, los
     grandes servicios, y, en general, aquellas actividades que se apoyan en el Estado como
     garante y regulador de sus negocios.

     • El “impasse” en el que se encuentra el modelo neoliberal de construcción europea,
     con el euro como remate de la misma. Por un lado existe como objetivo común de
     las burguesías de los países europeos desde el mismo inicio del proceso de la UEM la
     pretensión de acabar con todas las conquistas fruto de más de 150 años de luchas,
     mal llamadas “estado del bienestar”, en la región del mundo donde esas conquistas
     habían llegado más lejos fruto de las circunstancias históricas; ese es el núcleo de las
     políticas de austeridad. Por otro lado se dan fuertes contradicciones entre esas
     burguesías, que pretenden resolver hasta ahora manteniendo sus áreas de influencia
     a través de los respectivos Estados Nacionales. Estas contradicciones se manifiestan
     en los balances comerciales entre unos países y otros y, sobre todo, en las endiabladas
     relaciones financieras en las que unos deben a otros y la caída del eslabón más débil
     puede arrastrar al conjunto. Esta dualidad se refleja en la deficiente arquitectura
     europea como demuestra la que la ausencia de políticas fiscales comunes o el limitado
     grado de integración política. Este “impasse” no puede ser indefinido. Las dificultades
     de la zona euro demuestran que se está llegando al límite. Tarde o temprano se
     producirán, o un avance en la integración política o la desintegración completa de la
     UE.

 

En último extremo la salida a la crisis estructural sólo puede tomar el aspecto de una
transformación estructural. En el caso español implica entrar a fondo a discutir en tres
terrenos que, por la propia naturaleza de la crisis, están íntimamente mezclados: el de la
democracia, el de la distribución y el de la producción. O, dicho de otro modo, la cuestión del
poder económico. Desvanecidas las ilusiones de tiempos pasados, aparece con toda crudeza la
vinculación entre la especialización ecológicamente nefasta del aparato productivo, la cúpula
empresarial (banca, ingeniería y construcción, distribución y servicios privatizados), su relación
con la monarquía postfranquista y unas relaciones de producción y distribución especialmente
regresivas.

El denominador común a la situación española y europea en el terreno político es la
desaparición de la democracia incluso formal. El neoliberalismo ha sido una fase de retroceso
de la democracia representativa en general (el renacer latinoamericano aparece precisamente
como un proceso de ampliación de la democracia con la democracia participativa). En estos
momentos en Europa la aplicación de las políticas de austeridad y la reorganización del capital

a escala europea requiere una vuelta de tuerca más como atestiguan todos los desarrollos
recientes: el pacto del euro, la reforma de la Constitución, la supervisión centralizada de los
presupuestos y el caso más agudizado, la implantación de gobiernos tecnócratas y los
“memorandos” de la troika. Todo ello sobre una matriz esencialmente antidemocrática en
cuya cúpula está el Banco Central Europeo cuya “autonomía” está diseñada esencialmente
para proteger por encima de todo los intereses del capital financiero aislándolo de la influencia
de la lucha de clases.

Surge así la necesidad de recuperar, en primer lugar, la democracia. Democracia entendida
como la capacidad de los trabajadores y todos los sectores sociales subalternos de influir en el
poder formalmente instituido. Esa intrusión debe comenzar por revertir la prioridad que ahora
se le ha dado a los mercados y romper con la trampa de la deuda, obligando – como en
Islandia – al sector financiero español a cargar con sus propios errores. El modelo democráticorepresentativo
heredado de la transición se ha revelado insuficiente para esa intrusión y se
requieren luchas y reformas que sitúen al Estado bajo el control directo de la ciudadanía y
permitan iniciativas de democracia directa y participativa que rescaten lo público de los
“mercados”. Aquí la reivindicación republicana y los proyectos constituyentes conectan tanto
con la resistencia a los recortes como con las demandas de “democracia real ya”.

El problema de la construcción europea, con un Estado democrático, adquiere una nueva
dimensión. Aparece la posibilidad de intervenir, a partir de la capacidad de actuar
unilateralmente que tiene un Estado y con las consecuencias que podría tener para el conjunto
de las élites económicas europeas una decisión soberana de impago español. Salvo que se
produzca una catástrofe, que no es descartable, de una forma o de otra acabarán por
implantarse mecanismos de compensación de los desequilibrios intra‐europeos y deberán
desarrollarse las instituciones que los gestionen. A eso apuntan las pretensiones actuales de
Ángela Merkel cuando pide mayor integración fiscal como condición para seguir aportando
fondos.

Frente a esa integración antidemocrática y neoliberal hay que oponer un proyecto de
integración democrática y cooperativa. Desde la capacidad de maniobra de los Estados y a
partir de los núcleos de resistencia que se van construyendo en la oposición a la austeridad y a
la salida neoliberal a la crisis se puede plantear, al estilo que se trabaja en América Latina, una
integración cooperativa, con intercambios planificados y un sistema monetario y financiero
controlado democráticamente.

Construir un bloque democrático para una salida social a la crisis, en España y en Europa.
Para el PCE, la máxima prioridad debe ser construir la alianza social capaz de imponer una
salida democrática a la crisis, salida que se puede expresar como “rescatar a las personas y a
los servicios públicos, no a los bancos”. Esta alianza deberá enfrentarse con la previsible
intervención de nuestro país por los poderes económicos europeos, bien con el disfraz de un
“gobierno de salvación nacional” o con una dictadura tecnocrática descarada. Deberá
cuestionar los bloqueos legales, institucionales y jurídicos que posibilitan las políticas de
austeridad empezando por la estabilidad presupuestaria y siguiendo por las reglas del juego de
la UE: libre circulación de capitales, prohibición de financiación a través del Banco Central, etc.

El PCE propone estas siete medidas para rescatar a las personas y a los servicios públicos, no
a los bancos como punto de partida para la construcción de ese bloque extendiéndolo por
todos los sectores y territorios:

  

   1. Auditoría de la deuda y rechazo de la que no se corresponda con el déficit generado
     por los servicios públicos y la protección social.

     2. Reforma de la Constitución que fije la prioridad absoluta del gasto público en
     pensiones, desempleo y servicios público esenciales sobre cualquier otro compromiso.
     Derogación de la Reforma Laboral y de la Reforma de las pensiones.

     3. Reforma fiscal progresiva e intensificación de la lucha contra el fraude.

     4. Programa de empleo público para las personas desempleadas sin subsidio.

     5. Garantizar el derecho a la vivienda y llevar a cabo medidas favorables a las familias

     hipotecadas por medio de la dación en pago con efectos retroactivos, la moratoria
     inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social.

     6. Creación de un sistema de banca pública que realice funciones de banca al por menor
     (Cajas de Ahorros), banca de desarrollo (reconversión del modelo productivo) y banca
     del Estado (deuda pública).

     7. Control ciudadano y popular sobre el gasto y la gestión pública.

 

El PCE trabajará a escala europea para ampliar esta convergencia, con todos los medios a su
alcance, especialmente entre los partidos, organizaciones y movimientos de los países
llamados periféricos.

Madrid a 23 de junio de 2012

Twittear