Arana
ha explicado que “los empresarios vascos han ido vendiendo sus acerías y ahora
la propiedad de esa industria ha pasado a manos de grupos internacionales que
no tienen ningún tipo de vinculación con Euskadi, más allá de la rentabilidad
mayor o menor que esas plantas les producen”. El coordinador de Ezker Anitza-IU
ha añadido que “las multinacionales tienen la sartén por el mango, y esa sartén
se llama puestos de trabajo; aunque cuando tienen que ganar competitividad
despiden a los trabajadores; les bajan
el sueldo o cierran las plantas para producir en otros lugares”.
El
parlamentario de Ezker Anitza-IU Mikel Arana, ha exigido hoy al Gobierno vasco
que “condicione las ayudas a las multinacionales del acero tanto a la garantía
del mantenimiento de los puestos de trabajo como a su participación en la propiedad de las mismas”.
Arana
ha hecho estas exigencias durante el debate en el Parlamento Vasco de una
proposición de PNV que ha contado con los votos a favor de, PSE, PP y UPYD y la abstención de Aralar y EA. Frente a la
petición de que el Gobierno colabore con las empresas y lidere la
reestructuración del sector, el
parlamentario de Ezker Anitza-IU ha mantenido que esa colaboración no debe ser
a fondo perdido, en este sentido insiste Arana, “la implicación del ejecutivo
vasco en la modernización y sostenibilidad de las empresas, la
internacionalización de sus productos
debe tener como contrapartidas el mantenimiento de los puestos de
trabajo y la participación en la propiedad de las acerías.
En este sentido, el parlamentario de
izquierdas ha considerado que “quienes están obligadas a impulsar la
modernización y sostenibilidad de las empresas son sus legítimos propietarios,
ahora bien si las multinacionales recurren al
dinero público en momentos difíciles, se les debe imponer la defensa del
empleo”.
Por todo ello, Ezker Anitza-IU ha
presentado una enmienda a la totalidad en la que se insta al Gobierno Vasco a
que para conceder cualquier ayuda pública a una multinacional o gran empresa, exija “la existencia de un plan de
viabilidad que garantice el mantenimiento del empleo; la devolución de cualquier ayuda en caso de
que la empresa traslade su producción fuera de Euskadi y la participación del Gobierno en los órganos de dirección de
las mismas”.
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